La ministra de Asuntos Exteriores en 2003, Ana Palacio, envió una carta al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, argumentando esta tesis

La por entonces ministra de Exteriores ponía como garantías la presencia de delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Ana Palacio, quien matizaba que el estatus jurídico de los detenidos era el de "combatientes irregulares", argumentaba aunque no se les aplicaba el Convenio de Ginebra como prisioneros de guerra, se les estaba dando un trato similar

http://www.publico.es/182244/gobierno/aznar/aseguro/guantanamo/respetaban/derechos/humanos