Según una nota de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal (FAPA) de la Comunidad de Madrid, el cierre del centro se produjo este martes después de que esta organización denunciara su ilegalidad ante el área de protección animal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Según el escrito presentado en la Comunidad, los 129 perros de raza vivían en condiciones "intolerables" y "tan insalubres como crueles" al permanecer amontonados en jaulas con suelo de rejilla colocadas en batería, como en las granjas de gallina.

Como consecuencia de ello, muchos de los animales "ni siquiera saben andar, tienen las patas traseras atrofiadas, deformadas y se tambalean" y algunos, incluso, tienen amputaciones de las patas previsiblemente tras habérselas pillado entre las rejillas.

Un portavoz de la Consejería que dirige Ana Isabel Mariño ha confirmado la incautación de los 129 perros y su distribución por diversas asociaciones integradas en la FAPA para ser vacunados y curados de las lesiones que presentan, así como la apertura de un expediente a los responsables del criadero.

La citada federación ha asegurado que la instalación no estaba reconocida como núcleo zoológico ni contaba con la necesaria autorización de cría y venta de animales, por lo que ha lamentado que se haya autorizado al propietario del centro a quedarse con cinco animales.

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