MIRA QUIÉN HABLA O DIME DE QUÉ PRESUMES Y TE DIRÉ DE QUE CARECES

¿Sería aplicable esta medida a todos esos banqueros, analistas harvarianos del liberalismo,  agencias de calificación económica, ministros de defensa empeñados en aventuras extraterritoriales, jefes de gobierno, tanto nacionales como comunitarios, jefes de oposición, prensa que no acertó ni una mientras alentaba la orgía de la prepotencia, empresarios que deben la seguridad social de sus trabajadores, y en definitiva a todos los culpables de un fraude de 6.000 billones que ahora han de pagar de su bolsillo funcionarios "improductivos" (¿acaso les dejan?) y pensionistas?

CEOE pide prescindir de los funcionarios menos productivos

Los empresarios proponen recortar los salarios según producción y aumentar el precio de los servicios públicos La CEOE propone prescindir del personal público "menos productivo" y "discriminar el recorte de las remuneraciones igualmente según la productividad de los servicios públicos producidos" para reducir el gasto del Estado y dar entrada a mayor concesiones que puedan beneficiar al sector privado. Según se desprende de un documento tratado en la Junta Directiva celebrada hoy por la patronal, el recorte de los salarios de los funcionarios aplicado por el Gobierno es "insuficiente" si lo que se quiere es completar el plan de consolidación fiscal previsto hasta 2013. Con datos de Eurostat, los empresarios aseguran que España presenta una de las más altas ratios de gasto de personal público sobre el gasto público total, con un 26,2%, por delante de Francia (24%), Reino Unido (23,2%) o Italia (22,5%), debido al "desbordamiento" experimentado por esta partida en los últimos diez años. En este sentido, creen que el Gobierno debe ir más allá y "reducir el número de empleados públicos", además de sus salarios, atendiendo a criterios de productividad. Si bien, los empresarios aseguran que este 'tijeretazo' "no tiene por qué mermar la calidad de los servicios públicos si, además, va acompañada de un mayor protagonismo del sector privado en la provisión de los mismos". Subir los precios de los servicios Del mismo modo, la CEOE considera que, ante las necesidades de reducir la inversión en infraestructuras en los próximos años, el sector público deberá contar de forma creciente con la participación del sector privado para buscar fórmulas de financiación de los proyectos. "Debemos tender a un cambio de cultura mediante el cual el usuario de las infraestructuras sea cada vez más financiador de las mismas", añaden. La solución, según la patronal, pasa asimismo por que el proceso de consolidación fiscal incluya una subida del precio que se paga por los servicios, "especialmente de los billetes del AVE". Para resumir, la CEOE asegura de que el Gobierno ha de ser consciente de que la oferta de bienes y servicios públicos en España se habrá de reducir "por las buenas", mediante cesiones estratégicas, o "por las malas", a partir de la merma de recursos disponibles que va a ocasionar por el encarecimiento de la deuda. Por otro lado, los empresarios consideran que es "especialmente importante evitar subidas de impuestos directos", en particular del impuesto sobre el ahorro. "De hecho, la bajada del impuesto sobre el ahorro se hace casi imprescindible para recuperar la confianza de los ahorradores", añaden. "Cualquier concesión al populismo, cualquier gasto para compensar ajustes de gastos con subidas de impuestos al ahorro o a los que más ahorran, sería especialmente dañina para aquellos a quienes se pretende calmar con dichas medidas", señala el documento en referencia a la subida de impuestos a las rentas más altas que baraja el Gobierno.

La CEOE no se apretó el cinturón en 2009 Siguió en pérdidas, no ahorró en gastos fijos y duplicó su deuda hasta los 3,9 millones SUSANA R. ARENES MADRID 23/06/2010 01:00 Actualizado: 23/06/2010 03:59 Díaz Ferrán.SUSANA R. ARENES La CEOE no se apretó lo suficiente el cinturón en 2009, pese a que la recesión golpeó a empresas y trabajadores. Siguió en pérdidas, no ahorró en gastos fijos, los más cuantiosos (16,6 millones de un total de 26,3 millones), y duplicó su deuda hasta los 3,9 millones. Así lo reflejan las cuentas que ayer presentó el presidente, Gerardo Díaz Ferrán, a la asamblea general (pero no a la prensa), y a los que ha tenido acceso Público. Las pérdidas (diferencia entre ingresos y gastos) mermaron un 97%, hasta 46.000 euros, gracias a que los gastos de actividades directas (los que no son fijos: formación e internacionalización) bajaron un 27%. El esfuerzo pudo ser mayor. Uno de los pesos pesados de la CEOE, José Antonio Segurado, reclamó una "reducción de gastos" añadida para "predicar con el ejemplo", dijo. Díaz Ferrán aseguró que ya trabaja en ello. En la asamblea, aludió a sus problemas con Viajes Marsans e intentó eliminar sospechas: "He actuado con completa independencia". Aseguró que ha separado la actividad en la CEOE y en sus empresas. Traspasada Marsans, no ve obstáculos para acabar su mandato en 2012. Pero en la patronal, según fuentes internas, aún quedan dudas. Sep Fraude fiscal y gasto público Vincenç Navarro Publicado en El Periódico el 28 de agosto 2008 No se puede decir que no hay suficiente dinero para las CCAA y a la vez no corregir el fraude fiscal y bajar los impuestos Se han publicado recientemente varios informes en España y en Europa que tienen una gran relevancia para el debate que está teniendo lugar en nuestro país, sobre como incrementar los fondos públicos para responder a las urgentes necesidades de las CCAA. El primer informe es un documento preparado por GESTHA, técnicos haciendistas de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno Español. Los informes de GESTHA han mostrado en el pasado una gran certeza en sus análisis, lo cual les ha dado una credibilidad que entra en conflicto frecuentemente con las declaraciones oficiales del Ministerio. Este informe, presentado en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en El Escorial este verano, documenta que el fraude fiscal en España supuso en el año 2005 (el último año que el Ministerio de Economía y Hacienda ha publicado datos de los que GESTHA deriva sus datos) nada menos que 88.617 millones de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria del Estado Español (58.676 millones) y a la Seguridad Social (29.941 millones). Para darnos cuenta del significado de estas cifras, tenemos que saber que el déficit de gasto público social de las CCAA, responsables de los servicios públicos del Estado de Bienestar de España, es precisamente 85.000 millones de euros. Es decir que para alcanzar el nivel de gasto público social que los países del mismo nivel de desarrollo económico que el nuestro gastan, deberíamos añadir a nuestro gasto público social (el más bajo del a UE-15) otros 85.000 millones que podrían conseguirse a partir de recaudar los impuestos de los que defraudan al fisco. Puesto que la gran mayoría de los que defraudan al fisco son personas que gozan de rentas superiores, mientras que las que utilizan los servicios públicos sociales, son personas de rentas medias y bajas (es decir, las clases populares), puede entenderse que la gran mayoría de la población desea que se corrija este fraude fiscal. Un 82% de la población dice que el Estado debería corregir el fraude fiscal (el porcentaje mayor de la UE-15). Según el informe citado de GESTHA, los empresarios declaran una renta recibida entre 5.646 euros y 6.346 euros menos que los asalariados. España es el único país donde los empresarios y profesionales declaran menos que los trabajadores. El segundo informe es un análisis del gasto público en los países de la OECD, los países más ricos del mundo, publicado por una red de investigadores de gran solvencia y prestigio internacional (Francis G. Castles (dir) The Disappearing state? Edgard Elgar. 2008). Tal estudio muestra como el Estado español es el que se gasta menos (0,06% del PIB) en recoger los impuestos (tax collection), treinta veces menos, por cierto, que Suecia (0,32%). Tal información no consta en el informe de GESTHA, aun cuando ésta hace una crítica muy dura a la dirección del Ministerio de Economía y Hacienda por la pobreza de recursos (incluyendo inspectores fiscales) que la Agencia Tributaria tiene, así como por las prioridades establecidas para tal Agencia. Otro informe, contenido en el trabajo de GESTHA es el análisis de lo que significará la eliminación del impuesto de propiedades aprobada por el gobierno español este mes de Agosto, cuyos fondos eran asignados a las CC.AA. Según los últimos datos disponibles (que son los del año 2005), tal impuesto significó 1.400 millones de euros, y que (en contra de lo que indicó el gobierno español para justificar su eliminación) es altamente progresivo. Mientras que la mayoría de declarantes pagaban 178 euros o menos, tal impuesto gravaba primordialmente a las grandes propiedades con valor muy superior al promedio declarado (y ello a pesar del gran fraude que existe también en esta declaración de la propiedad. Sólo 727 declarantes indicaron que tenían propiedad de más de 10 millones, cuando según las propias fuentes del Ministerio existen 3.299 personas que tienen tal propiedad). La eliminación de tal impuesto tendrá dos consecuencias una es la de reducir los fondos del estado. De no haberse eliminado, estos 1.400 millones de euros podrían haber ido a cubrir el déficit de gasto público en la financiación de los servicios de dependencia de las CCAA, que es de 1.200 millones de euros. La otra consecuencia es incrementar la regresividad del sistema fiscal, aumentando las desigualdades sociales. En el estudio del análisis internacional del gasto público citado anteriormente, se puede ver que a mayor desigualdad de renta que existe en un país, (España es, junto con EE.UU., uno de los países de la OECD con mayores desigualdades), mayor es el gasto público en policía y seguridad (España es el país, después de EE.UU., que tiene un porcentaje mayor de tal gasto, 2,1% del PIB, y EE.UU. 2,2%. Como contraste, Noruega, 0,9%, Suecia, 1,3%, y Dinamarca, 0,9%, son los países que se gastan menos en policía y seguridad y tienen menos desigualdades. Tales datos muestran que a mayor desigualdad, mayor necesidad de medidas policiales y de seguridad para mantener el orden establecido. Y hay mucho orden que proteger en España. Vemos pues que si hubiera voluntad política, tales fondos para resolver el déficit social de las CCAA podrían obtenerse. No es pues un problema financiero u económico, sino político.

Las grandes fortunas tributan el capital de sus sicav al 1% frente al 18% de las familias

Menos de 3.400 sociedades de inversión de capital variable controlan por si solas más de 27.000 millones de euros en bienes mobiliarios, un 76,5% de los 35.466 millones en manos de más de 16 millones de declarantes del IRPF

1. H. S. VALENCIA La anunciada subida de impuestos que afectará fundamentalmente a las denominadas rentas de capital -según adelantó ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero- no afectará, según estas previsiones, a uno de los nichos en los que las grandes fortunas ponen a resguardo sus inversiones: las sociedades de inversión mobiliara de capital variable (sicav). A través de este mecanismo, los titulares de las sociedades cotizan sólo el 1% de sus plusvalías, frente al 18% de media que cotizan los declarantes del IRPF, como es el caso de los trabajadores y, por tanto, el grueso de las familias de este país.
   La pretensión del Gobierno es aumentar la presión fiscal sobre las rentas de capital, es decir, por norma general, que no proceden del trabajo: intereses bancarios, dividendos, plusvalías por ventas de acciones o viviendas, seguros de vida... En general, todas aquellas que se consideran inversiones mobiliarias. Estos ingresos cotizan a un tipo único del 18% a la hora de hacer la declaración de la renta. Sin embargo, por el mismo tipo de beneficio, las sicav sólo cotizan el mencionado 1%.

   Patrimonio acumulado
   Según los últimos registros hechos públicos por la CNMV en su página web, correspondientes al tercer trimestre de 2008, en esa fecha existína inscritas 3.369 sociedades, que acumulaban un patrimonio de 27.143,2 millones de euros, lo que resulta en un patrimonio medio de 8,05 millones de euros. Esas sociedades aglutinaban a esa fecha 439.395 socios, si bien la mayoría de ellos son nombres de paja interpuestos por los auténticos dueños, ya que la ley obliga a que las sicav tengan un mínimo de 100 partícipes. No obstante, la crisis bursátil que ya se desató el año pasado ya provocó a finales del tercer trimestre una reducción del 88,6% en el beneficio de las sicav, que fue de 186,5 millones de euros, frente a los 1.636,4 millones de un año antes.
   En todo caso, el patrimonio acumulado por ese pequeño número de sociedades constituye por si solo tres cuartas partes (un 76,5) de los 35.466 millones de euros que las familias españolas tenían consignadas como rentas de capital mobiliario el año pasado, según los datos de recaudación de la Agencia Tributaria. Esa cantidad supuso un incremento del 28% sobre lo invertido en ese capítulo el año anterior por los 16,394 millones de contribuyentes que declararon esas rentas en el IRPF

El miedo empuja a la banca española a acaparar dinero

Récord en junio de petición de fondos al BCE por temor a la falta de liquidez. Las entidades le deben 126.300 millones. El crédito a los ciudadanos sigue congelado

V. Z. MADRID 15/07/2010 01:00 Actualizado: 15/07/2010 04:53

Los bancos españoles no tenían antes de la crisis una especial tendencia a pedir dinero prestado al Banco Central Europeo (BCE). De hecho, les gustaban mucho más el resto de fuentes de financiación; es decir, los depósitos minoristas y las emisiones en los mercados de capitales. Eran su fórmula para captar fondos que luego prestaban a los clientes. Durante años, sus peticiones al organismo emisor fueron muy inferiores a lo que les correspondía (captaban menos del 4% del total cuando el peso español en la Unión Monetaria es algo superior al 10%).

Las cosas cambiaron con la llegada de la crisis y van a peor. En junio, llegaron al límite de tensión. Ha habido épocas en las que los mercados han estado cerrados a cal y canto (como los meses posteriores a la caída de Lehman Brothers) y las entidades españolas han tenido que hacer un mayor uso de los fondos del BCE. Pero en junio superaron todos los récords y saltaron todas las barreras como consecuencia del pánico que tienen a no tener liquidez suficiente para hacer frente a sus vencimientos porque los mercados y el resto de entidades no les prestan ni un euro. Cualquier tipo de deuda que tenga que ver con los países periféricos de la UE (España, Portugal o Grecia, sobre todo) se mira con mucha más reticencia que el resto. Y en los últimos meses, a raíz de los problemas griegos, el temor es cada vez mayor.

La banca española se quedó en junio con el 25,4% de todo lo prestado por el BCE

De los 80.000 millones que venía captando de media la banca española en los meses anteriores (muy por encima de los 15.000 millones de antes de la crisis), en junio reclamó 126.300 millones. Y, pese a que las entidades insisten en que el problema de la liquidez es europeo y no sólo español, las cifras conocidas ayer muestran que quienes más necesidad de fondos tienen (o interés por tenerlos, aunque no los necesiten de forma inminente) son los bancos y cajas nacionales. Mientras sus peticiones aumentaban en 41.000 millones en un mes, los del conjunto de la banca europea (incluida la española) descendían en 22.000 millones, hasta 496.616 millones. Es decir, la banca española captó en junio el 25,4% de los fondos que prestó el BCE.

225.000 millones

Estas entidades se pertrecharon de dinero para tener suficiente para devolver el 1 de julio el gran préstamo que un año antes les había concedido el BCE (unos 70.000 millones de los 442.000 millones de la subasta conjunta). También siguen acumulando liquidez para reembolsar en septiembre la parte que les corresponde de los 225.000 millones que un año antes prestó el organismo emisor. Pero, sobre todo, acaparan para hacer frente a los vencimientos correspondientes a las emisiones realizadas en los años anteriores, cuando tanto dinero necesitaban para poder dar créditos a diestro y siniestro y mantener crecimientos superiores al 20% cada año.

En septiembre, hay un nuevo gran vencimiento de 225.000 millones

Sin embargo, el crecimiento de las peticiones de fondos en los últimos meses no ha llevado a la banca a elevar los créditos que conceden a los clientes, sino más bien al contrario. La financiación sigue congelada y cuanto más miedo tiene el sector a la falta de fondos, menos dinero presta a los clientes, por mucho que esté nadando en liquidez.

La banca justifica también que recurre más al BCE porque es dinero muy barato (barra libre al 1%) y les permite conseguir buena rentabilidad. Así lo aseguró ayer la presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, quien aseguró que tienen 2.500 millones prestados del BCE, cuando tienen un exceso de liquidez de 7.000 millones.

Pese a los datos de junio, los expertos están esperanzados con la apertura de los mercados en las próximas semanas, sobre todo una vez que se hagan públicos los test de estrés que se han realizado a las 91 mayores entidades europeas. El economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, está convencido de que en breve la deuda emitida por los bancos será más atractiva que los bonos estatales, lo que abrirá una nueva vía de financiación y relajará la tensión.

En este contexto de grandes dificultades, la banca española sigue reclamando al BCE que suavice su política de liquidez y conceda dinero a más largo plazo.

Ante la negativa del BCE y la cerrazón de los mercados (sólo han conseguido emitir 25.650 millones este año), su única alternativa es captar depósitos de los clientes a un año, aunque la guerra se endureció tanto que para conseguirlos hay que pagar un precio muy elevado (el Santander abona el 4% anual) y, en muchos casos, no quieren o no pueden

Que paguen más los ricos

El País

PEPE MEJÍA - Madrid - 03/06/2010

Diversos expertos han sugerido, entre ellos los técnicos de Hacienda, diversas medidas para aumentar los ingresos y paliar el déficit. Por ejemplo, subir el tramo máximo del IRPF del 43% al 50% y reducir el fraude fiscal. Una de las medidas estrellas era gravar a las sociedades de inversión de grandes capitales (SICAV) al 18%. Hoy tributan a un 1%. Esta medida permitiría ingresar al menos otros 1.500 millones de euros.

Pero el Gobierno, una vez más, autoriza un producto que permite que los ricos paguen menos impuestos. El Ministerio de Economía ha autorizado que las grandes fortunas españolas puedan invertir en los SIF luxemburgueses (fondos de inversión especializados, por sus siglas en inglés) uno de los productos más atractivos del ducado y hasta ahora vetados fiscalmente en España. Ante la inminente subida de los impuestos a las rentas más altas, los grandes capitales se han movido y han sacado tajada de la jugada.

El Gobierno aumentará la tributación de los capitales de las SICAV, pero a cambio les abre la puerta para que inviertan en los SIF. En Luxemburgo, los accionistas pagan apenas un 0,01% en impuesto de sociedades por este producto, mientras que en España desembolsan el 1%. Cifra que puede aumentar.

Esta medida no se entiende mientras el Gobierno decide el recorte del 5% del salario de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la reducción en 6.000 millones de euros en inversión pública o la eliminación de la retroactividad en el cobro de la prestación por dependencia.

Como tampoco se entiende que aporte al fondo de rescate de la banca 9.000 millones de euros, mientras los mismos bancos han declarado unos beneficios netos de 13.000 millones de euros el año pasado.

Estas decisiones nos confirman que desde el 2008 asistimos a una socialización de las pérdidas del sector financiero que hace recaer los ajustes económicos sobre el salario, el empleo y los gastos sociales

servido por luism 2 comentarios compártelo