Uribe, garantía de los derechos humanos

Informa la prensa que Uribe ha denunciado ante la Corte Penal Internacional a Venezuela y a Hugo Chávez

Está bien, así no nos olvidamos de la constante lucha de la derecha por la libertad y nuestra memoria se renueva constantemente acerca de dónde radican nuestras mejores garantías legales y sociales.

Nadie mejor que alguien designado por el nombre clave  de "número 82" para defender el derecho internacional, los derechos humanos y el espíritu legal. Aunque este puede ser cualquier cosa. Los nazis se sirvieron de juristas "normales", liberales, durante el III Reich.

El apelativo "número 82" (1)  hace referencia al narcotráfico (cártel de Medellín).

Uribe tiene un expediente extraordinario para defender este tipo de humanismos. No en balde disfruta de una experiencia demostrada sobre qué es legalidad, alegalidad e ilegalidad. Que todo bien mezclado y sazonado facilita un cóctel político de sabor muy apreciado por esta "civilización" de las intervenciones humanitarias con tanques y bombarderos, de los daños colaterales sobre civiles que residían a 100 kms. de los centros militares y de leyes para la libertad como el Patriot Act, por el cual se puede detener a cualquier individuo con la única condición de que sea malo, que para eso la han promulgado los buenos. 

El Tribunal Penal Internacional es uno de esos casos paradójicos de la historia y de la jurisdicción. Si se le analiza por sus hechos, da la sensación de que su finalidad expresa es la de depurar responsabilidades criminales de los países en "vías de civilización", perdón,  "de desarrollo". De momento parece que se ha volcado sobre los malos de África. Igual comienzan a equilibrar la balanza geográfica juzgando a los malos de Amércia Latina. Quizás es la sana intención de Uribe, que cual  Blair latino, inicie una cruzada mundial en pos de la higiene moral

Lo paradójico es que un organismo así no haya sido aceptado por el anterior gobierno de los EEUU. Quizás el error radicó en que no se le ofreció signarlo con la suficiente elegancia y educación. Cualquier norteamericano que se precie también se habría molestado: ¿Qué es eso de que se pretenda juzgar a nuestros soldados a semejanza de vulgares mílites de cualquier país miserable mataniños y matabuenos? ¿Qué es eso de confundir un laudable bombardeo humanitario sobre una fábrica de medicamentos con un reprobable y malintencionado bombardeo sobre una noble base militar aliada, sufragada con nuestros dólares? razonaría irrebatiblemente.

Menos mal que se va prefigurando un mundo mejor con hombres imparciales que cogerán con delicadez y ecuanimidad la balanza de la justicia internacional. Ayer Blair, Solana, Carter. Quizás mañana una saga a lo Uribe, Fujimori, Carlos Andrés Pérez.

Porque esto sería lo magnífico: una pléyade de políticos así ordenando el mundo, es decir, castigando de una vez por todas a los malos y premiando de otra vez por todas a los buenos... todo realizado por un tribunal imparcial de amigos, o mejor dicho, de amigachos, que recoge mejor el elevado nivel de la cosa.

Porque no hay que olvidar la eficacia de la jurisdición uribista: 7.000 presos políticos en las cárceles de Colombia, muchos de ellos sin cargos; innumerables sindicalistas, periodistas, contrincantes políticos y  campesinos muertos (fosas con hasta 2.000 cadáveres); limpias y transparentes elecciones, feviente amor por la libertad; ferviente respeto por los acuerdos firmados; durísima lucha contra el narcotráfico; y sobre todo, absoluta independencia nacional.

Así que a por ellos, Alvarito. No sería de extrañar que la Iglesia chilena lo proponga en un futuro próximo para beato o santo, en ese espíitu de concordia y reconcialiación que la ha llevado a pedir que no se juzgue a nadie en Chile y que se excarcele a los pinochetistas, en una señal de amor nacional y fraterno.

Chávez no, que a pesar de que últimamente invoca a la religión, más bien parece un ateo que no "trust in god". 

Que eficaz sería un TPI constituido por Bush, Blar, Uribe, Aznar, Solana, juzgándo a este guerrillero, a este ateo cristiano, a este analfabeto con tres carreras, a este dictador que tiene la desfachatez de ganar elecciones y perder referendums. A este..., a este impresentable.

(1) http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.

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"El Gobierno Uribe es el que más personas ha desplazado"

Jorge Rojas. Director de la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazados (CODHES). Denuncia cómo los campesinos son expulsados de sus tierras y es casi imposible que puedan recuperarlas

ISABEL COELLO ENVIADA ESPECIAL 08/08/2010 09:00 Actualizado: 08/08/2010 09:51

El director de CODHES, Jorge Rojas.REYES SEDANO

Colombia sigue siendo hoy el segundo país del mundo en número de desplazados por un conflicto armado, sólo superado por Sudán. Son 3,4 los millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares por la violencia en Colombia. El director de la ONG que ha hecho de la población desplazada su foco de atención subraya una inquietante y creciente relación: la que vincula desplazamiento con un nuevo paramilitarismo que despeja zonas vitales para explotaciones estratégicas, como las de palma aceitera.

¿Qué opina de la política de seguridad democrática?

Nos preguntamos dónde estaba la seguridad democrática para los 2,4 millones de personas desplazadas, según cifras del Gobierno, en los años de Uribe. Hay seguridad, pero para los grandes propietarios de la tierra, los industriales, banqueros e inversionistas extranjeros, pero no pueden decir lo mismo quienes han tenido que abandonar sus hogares por la acción de las guerrillas, de los grupos paramilitares e incluso de las fuerzas del orden.

El desplazamiento en Colombia, ¿ha empeorado o mejorado en la era Uribe?

Según las cifras gubernamentales de Acción Social, en Colombia hay 3.400.000 personas desplazadas, de las cuales 2.400.000 lo fueron durante el gobierno de Uribe. Es decir, la mayoría de los desplazados que reconocen las autoridades se han producido con el Gobierno de Uribe. Si en lugar de las cifras oficiales usa nuestras cifras, de CODHES y la Iglesia, ha habido 4,9 millones de desplazados en los últimos 25 años (1985-2009), a lo largo de seis gobiernos. Más de la mitad se ha producido con Uribe. Es decir, el de Uribe es el gobierno que más personas ha desplazado en la historia reciente de Colombia. Lo mire por las cifras oficiales o por las nuestras.

¿Dónde se producen los desplazamientos?

Nuestra preocupación es que la economía la impulsan los minerales y los recursos energéticos y el mapa del desplazamiento está coincidiendo con estos grandes proyectos macroeconómicos. Se están beneficiando empresas en medio de un conflicto. No digo que las empresas estén involucradas en el desplazamiento o en la violencia, pero sí deben saber que sus operaciones en zonas de conflicto se están haciendo en medio de la violencia, el desarraigo y las agresiones contra la población civil.

¿Eso incluye a empresas españolas?

Hay muchas empresas de diversas nacionalidades. Yo no tengo una afirmación directa frente a una empresa española, pero sí una preocupación sobre cómo gobierno y empresas están asumiendo esta situación de derechos humanos a la hora de invertir en el país.

¿Cómo viven los desplazados?

Hay un 60% de pobreza y un 90% de indigencia entre la población desplazada.

Decenas de dirigentes que luchaban por la restitución de sus tierras han sido asesinados. ¿Qué denota esta situación?

Que hay una intención de los nuevos grupos paramilitares de consolidar el despojo, asegurar la tenencia de la tierra e imponer un desarrollo rural asociado a la producción intensiva de palma agrícola aceitera y otros productos para fabricar agrocombustibles. La restitución es un derecho. Procede cuando una persona abandona la tierra por violencia (aunque conserva pruebas de tener propiedad) y ésta es tomada por otras personas. Hay que devolverle la tierra. Pero es muy peligroso. Más de 35 líderes que lo han intentando han sido asesinados.

¿Qué ha de hacer un desplazado para que le devuelvan su tierra?

Toda la carga de la prueba es en contra de la víctima. Hay todo un entramado burocrático que lo hace muy difícil. Y hay un muro de contención de grupos armados ilegales que hace muy peligroso imponer demandas de restitución. La Fiscalía anda buscando a 23 empresarios y grandes propietarios que, con todo tipo de argucias, asesinatos y desplazamiento, pretendieron quedarse con la tierra de los campesinos del Chocó en los años 90. La Corte Constitucional ha paralizado la ejecución de cualquier negocio de esas tierras, en una acción ejemplar que saludamos.

¿Y la adjudicación de tierras baldías que el Estado por ley ha de dar a campesinos? ¿Cuánta tierra ha entregado?

Las mafias no permiten que el Estado adjudique tierras de calidad a campesinos pobres. El Estado lo intenta. Un ejemplo: un grupo de campesinos recibió títulos de propiedad de manos del presidente de la República, quien le dijo a uno de ellos: vaya y disfrútela'. El hombre quiso ir y lo mataron y luego a otro y luego desplazaron a toda la comunidad. El Gobierno ha incautado dos millones de hectáreas (quitándoselas a las mafias) pero sólo ha podido entregar a campesinos entre 48.000 y 70.000 hectáreas. Ridículo. Muestra la incapacidad del Estado para democratizar la tierra, en un país donde la inequidad es la más alta del mundo. El 0,4% de los propietarios posee el 68% de las mejores tierras. Ahí está la raíz del conflicto. Hay una mafia incrustada en la institucionalidad que impide cualquier avance en restitución y adjudicación de tierras. Los nuevos grupos paramilitares están aquí para evitar que eso ocurra.

Esos grupos ¿no surgen en oposición a la guerrilla?

La experiencia paramilitar de los años 90 es presentada como una gran estrategia de combate a la guerrilla. Pero fueron pocos los combates de los paramilitares con las guerrillas y muchas las masacres contra la población civil. Lo que hicieron los paras es el modelo de la Escuela de las Américas de quitar el agua al pez: desarticular, crear terror, asesinar, masacrar, desaparecer a miles de civiles, bajo la acusación de que son base social de la guerrilla. Eso no ha cambiado. Si en los años 90 esas masacres se hicieron para controlar la institucionalidad política lo que en efecto lograron los nuevos grupos paramilitares están para controlar y asegurar el despojo y el dominio sobre los bienes y la tierra.

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