El 43 % de los españoles justifica el fraude fiscal
Que extraño; sorprende tanta comprensión en un país que no digiere con facilidad el legítimo éxito del prójimo. Por ejemplo, la fijeza laboral del funcionario se resuelve con una lógica aplastante. En vez de extender a todos lo que es beneficioso y justo, se prefiere un perjuicio general que sitúe en una tabla rasa de mínimos los derechos de los trabajadores.
No es fácil imaginar en tal ambiente que quienes pagan puntualmente a la Hacienda Pública, acepten que otros se benefician gratuitamente de lo que a ellos les cuesta tanto desprenderse.
A no ser que... a no ser que en España defraude a Hacienda un 43% de los obligados a cotizar. Es decir, que somos casi la mitad de lo que podríamos ser. Muy patriótico. ¿Estas no son también las esencias de las Españas?
La cuestión es que este dato no ha levantado mayor polémica.
Si se le pregunta a un danés o a un sueco si conoce las ventajas que suponen los impuestos, estos contestarán mayoritariamente que sí, y entenderán que esas cantidades se suelen devolver mediante prestaciones sociales que, de cobrarse por la vía privada, serían mucho más elevadas e incluso prohibitivas. Otra cosa sería analizar la gestión de esas prestaciones (cosa que aquí resolvemos con un chiste).
Un economista ultraliberal (amigo del amigo de Aznar) decía hace poco que no se creía lo del 20 % de paro en España. Que nuestro país arrastraba dos grandes problemas que incluso podían llegar a ser suicidas: La economía sumergida y el fraude fiscal.
Esto lo decía, hay que insistir, un economista ultraliberal, millonario y amigo de empresarios multimillonarios (Murdock entre otros).
Aquí no, aquí es mejor jugar a la caza del funcionario, en ese mimetismo al revés que nos llevamos principalmente con lo norteamericano.
Al revés porque curiosamente el funcionario de carrera es una solución obligada. En la Restauración, la administración pública era un desastre, en cuanto que los empleados públicos eran contratados y despedidos según el partido que ganara o perdiera el Gobierno (las famosas cesantías), lo que imposibilitaba formar un cuerpo experimentado.
En Francia es tal el nivel de ese cuerpo, que se dice comunmente que el país podría funcionar sin gobierno de la nación.
El mismo problema de cesantías tenían en los EE. UU. hasta que han comenzado a optar por lo que ha decidido cualquier país del mundo que esté libre de fijaciones "privatistas-libertarias":
Que la función pública no puede fluctuar según el partido ganador, y que ha de estar compuesta por servidores no despolitizados, pero sí despartidizados, es decir, conformada por un cuerpo profesionalizado al servicio del interés común.
Pero esto es muy difcícil de entender cuando el resentimiento (pero ¿cuál?)se apodera de las funciones pensantes. Hay un periodista llamado el "Antifuncionarios" que destaca por esa fijación que comentábamos.
El País de 11 de marzo de 1998 nos contaba esto: "El Juzgado de Instrucción 15 de Madrid ha imputado a Manuel Martín Ferrand, Javier Gimeno de Priede y Antonio Carrasco de la Torre un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil, a causa de hechos referidos a 1990, cuando los tres eran directivos de Antena 3 de Radio". Noticia oportunamente relacionada con Hacienda y función públicas
Dos cosas admitidas en cualquier país desarrollado, es decir, que no se puede defraudar a Hacienda, y que los funcionarios son una solución obligada (la UE no ha encontrado fórmula distinta) aquí son tema de polémica sorprendente porque, como se decía arriba, se muestran posturas comprensivas con lo impresentable, y resentimientos caducos con lo necesario.
Quizás deberíamos aprovechar que se ha creado la Mesa por la Tauromaquia para proponerles el estudio del asunto, dadas las elevadas y enjundiosas manifestaciones que se están haciendo estos días.
